El retiro de unos contenedores y la suspensión de una intervención sobre el planchón donde estaban ubicados muestran por qué las decisiones administrativas deben tener sustento técnico, información clara y participación comunitaria.
Por Antonio María Bedoya Chaverra
La Voz de los Corregimientos
Retirar unos contenedores puede parecer una operación rutinaria hasta que cerca de 220 hogares dejan de saber dónde deben presentar sus residuos, con qué frecuencia pasará el vehículo recolector y qué ocurrirá con el espacio utilizado durante años, pues eso precisamente sucedió en Villa Ángel, San Antonio de Prado, donde el 2 de septiembre de 2026 el presidente de la junta Villa Angel 2 constató que los recipientes estaban siendo retirados del acceso peatonal relacionado con la calle 40 Sur, un punto que también es utilizado por otros habitantes del sector. La actuación inmediata fue ejercer control ciudadano enviando un derecho de petición para conocer responsables, estudios y nueva ubicación.
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La preocupación aumentó al día siguiente cuando el mismo presidente vio que varias personas llegaron al lugar y una de ellas sostenía una almádana, en la zona también había dos integrantes de la Policía y durante el diálogo, un funcionario manifestó que se pretendía intervenir el piso y mostró un documento aparentemente relacionado con una infracción de espacio público y después de una llamada, otro participante informó que por el momento el procedimiento quedaba suspendido, continuando con el proceso de control ciudadano inmediatamente se radico derecho de petición para conocer quien autorizo, bajo que estudios o conceptos y cuáles eran los antecedentes del piso o planchón.
Es importante precisar que no hubo golpes ni comenzó la demolición. Lo que existió fue la preparación de una actuación material que podía producir efectos permanentes y que se detuvo antes de ejecutarse, aunque la suspensión verbal tampoco resolvió qué autoridad había tomado la decisión, cuáles eran sus fundamentos ni qué pasaría posteriormente con el planchón, mientras permanecían abiertas esas preguntas el servicio comenzó a operar de otra manera ya que el 4 de septiembre un habitante registró el ingreso del camión recolector por los parqueaderos inferiores de Villa Ángel y los auxiliares hablaron de una frecuencia para los lunes, miércoles y viernes. Al día siguiente, otro residente relató que un supervisor había consultado las dificultades de esa ruta y mencionado la posibilidad de recoger diariamente en el acopio actual, como las versiones surgieron en momentos distintos estas podrían responder a un cambio de instrucciones y no demuestran por sí solas una descoordinación, pero sí evidencian la falta de una comunicación oficial que le permitiera a la comunidad saber cuál era la operación vigente y en otro caso, que una acción de control ciudadano hubiera evitado una actuación administrativa con efectos irreversibles.
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Este caso permite comprender que la acción administrativa no se limita a resoluciones, decretos o documentos firmados ya que también se manifiesta cuando una entidad cambia la ruta de un vehículo, retira una infraestructura, imparte una instrucción o prepara una intervención física capaz de modificar la vida cotidiana y en esas decisiones confluyen la continuidad del servicio, la salud pública, el uso del espacio, la seguridad de los trabajadores y la protección de los residentes, por lo que resolver el problema en un punto no resulta eficaz si solamente lo traslada hacia otra comunidad y la discusión tampoco puede reducirse a defender una ubicación por costumbre y tampoco a trasladar el problema a otro sitio por comodidad o facilidad sin unos estudios previos.
También existen testimonios comunitarios según los cuales el acceso por los parqueaderos ya había generado dificultades debido a los vehículos grandes estacionados y a la cercanía con las viviendas y esa información merece ser examinada ya que todavía no reemplaza un estudio técnico. Lo mismo ocurre con la percepción de que el retiro podría beneficiar a la construcción colindante y trasladar el impacto hacia Villa Ángel y Palla Vecini. La proximidad de la obra no demuestra que sus responsables hubieran solicitado o promovido la medida, por lo cual esa posible relación debe permanecer como una hipótesis manifestada por la comunidad hasta que las licencias, comunicaciones y solicitudes de terceros permitan confirmarla o descartarla.
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Como presidente de la Junta de Vivienda Comunitaria Villa Ángel 2 participé directamente en la documentación del caso y presenté derechos de petición para conocer los responsables, los estudios, la ubicación prevista, los antecedentes del planchón y las razones de la suspensión y esa cercanía permite aportar observaciones de primera mano, pero también obliga a diferenciar lo que vi, lo que otras personas contaron, las explicaciones que pueden inferirse y aquello que todavía necesita prueba ya que el control ciudadano pierde fuerza cuando convierte una sospecha en acusación, mientras que gana credibilidad cuando reconoce los límites de cada evidencia. Lo otro es que definir el punto, el horario y la frecuencia corresponde a Emvarias y a las autoridades competentes, que deben informar su decisión y responder por sus efectos ya que la ausencia de una orientación común produjo incertidumbre y generó tensiones entre algunos habitantes y los trabajadores encargados de la recolección y la intervención del punto.
Una salida transitoria razonable sería realizar una recolección diaria en el acopio actual sin contenedores mientras se desarrolla el estudio definitivo y para evitar que esta medida reproduzca las condiciones sanitarias necesarias Emvarias tendría que establecer una hora precisa para presentar las bolsas, recogerlas puntualmente, limpiar el espacio después de cada operación y vigilar la acumulación, los olores, los lixiviados, los vectores y los residuos especiales pero al mismo tiempo la recolección diaria no puede entenderse como autorización para depositar residuos durante toda la jornada.
La solución definitiva exige comparar bajo los mismos criterios el acopio relacionado con la calle 40 Sur y la ruta o punto situado en los parqueaderos, este análisis debe considerar la cantidad de usuarios, el volumen de residuos, las maniobras del vehículo, los automotores estacionados, la cercanía de las viviendas, las instituciones educativas y los establecimientos de alimentos, además de los riesgos para peatones y trabajadores, la frecuencia necesaria, los costos operativos y la distribución de impactos entre Villa Ángel, Palla Vecini y los demás usuarios. Tambien Emvarias debería liderar una mesa técnica con las dependencias competentes para producir el diagnóstico, mientras una mesa de seguimiento institucional y ciudadano permitiría que las Juntas, los residentes, la comunidad educativa y los comerciantes conozcan los avances y aporten evidencia territorial. El resultado tendría que comunicarse por escrito, indicando el punto autorizado, la ruta, los días y horarios, las responsabilidades de limpieza y la decisión sobre el planchón.
Villa Ángel deja una enseñanza aplicable a muchas comunidades de Medellín y es que el ciudadano no solo tiene derecho a que el camión recoja los residuos, también debe conocer quién modifica el servicio, qué razones respaldan el cambio y cómo puede controvertir una decisión que lo afecta. La salida responsable no consiste en conservar un punto por costumbre ni trasladarlo por facilidad, sino en comparar con evidencia, informar con claridad y decidir con participación y de esta manera el control social deja de ser una reacción frente al conflicto y se convierte en una herramienta para mejorar la actuación del Estado.
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