La Personería Distrital de Medellín abrió una Vigilancia Administrativa relacionada con las actuaciones que rodearon el retiro de los contenedores de residuos en Villa Ángel, San Antonio de Prado.
El proceso ciudadano continúa ahora con nuevas solicitudes de información sobre las condiciones en que se presta el servicio de recolección. Lo que comenzó como una inquietud de la comunidad por el retiro de unos contenedores de residuos terminó convirtiéndose en un ejercicio de seguimiento ciudadano que hoy involucra derechos de petición, registros audiovisuales, respuestas institucionales y una Vigilancia Administrativa de la Personería Distrital de Medellín.
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El caso se desarrolla en Villa Ángel, en el corregimiento San Antonio de Prado, donde durante varios años funcionó un punto de presentación de residuos sobre la calle 40 Sur y a comienzos de septiembre los contenedores fueron retirados y posteriormente se produjeron diferentes actuaciones sobre el espacio en el que habían permanecido. La preocupación de la comunidad no se limitó a preguntar por qué habían desaparecido los contenedores sino que también surgieron interrogantes sobre cuál sería el nuevo esquema de recolección, dónde deberían presentar sus residuos los habitantes, qué estudios habían respaldado las decisiones tomadas y qué entidades habían intervenido y a partir de allí comenzó un proceso que deja una enseñanza importante: el control ciudadano resulta mucho más efectivo cuando pasa de la inconformidad a la documentación.
Preguntar antes de concluir
Una de las primeras decisiones fue presentar solicitudes formales de información ante las entidades relacionadas con los hechos y esto permitió empezar a separar aquello que podía comprobarse de las versiones, rumores o interpretaciones que circulaban entre la comunidad ya que las respuestas institucionales han permitido conocer progresivamente algunos elementos, Emvarias, por ejemplo, informó que la decisión de retirar los contenedores fue adoptada por la empresa después de analizar condiciones operativas, solicitudes comunitarias y la posibilidad de prestar la recolección mediante el ingreso del vehículo recolector al sector, también informó que actualmente el vehículo puede ingresar al área posterior de Villa Ángel y que la prestación se realiza tres veces por semana, pero sin embargo, la información obtenida abrió nuevas preguntas. Villa Ángel está conformada por ocho torres de vivienda cuyos accesos principales se encuentran sobre corredores peatonales y el vehículo recolector puede ingresar al sector posterior de parqueaderos, pero no circular frente a los accesos peatonales de las torres, por ello, el debate ciudadano ya no consiste simplemente en “¿por qué quitaron los contenedores?”. Sino que la pregunta ahora es más precisa: ¿cuál es exactamente el sitio de presentación de residuos asignado a los habitantes de cada torre y qué evaluación técnica determinó que el esquema actualmente utilizado es adecuado para las características físicas y habitacionales de Villa Ángel?, esa diferencia es importante porque permite trasladar una discusión comunitaria desde las percepciones hacia aspectos que pueden verificarse técnicamente.
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La Personería abrió una Vigilancia Administrativa
Uno de los avances más importantes del proceso ocurrió cuando bajo una solicitud por parte de Antonio Bedoya Chaverra quien ha documentado todo el proceso y elevado peticiones a varias entidades, la Personería Distrital de Medellín informó la apertura de la Vigilancia Administrativa No. 859537622-2026.
¿Qué significa esto?
Significa que un organismo de control abrió formalmente un procedimiento mediante el cual puede verificar las actuaciones administrativas relacionadas con el caso, incluso la propia Personería explica que la Vigilancia Administrativa tiene como finalidad examinar las actuaciones desplegadas por servidores y entidades objeto de vigilancia para establecer si se ajustaron al ordenamiento o si se presentaron irregularidades. (Personería de Medellín)
La apertura de una vigilancia, por tanto, no es una sanción ni una decisión anticipada, sino que es un escenario institucional de verificación. La Personería ha explicado públicamente, en otros procesos de vigilancia, que una vez recopilado y analizado el material probatorio pueden producirse diferentes resultados: remisión para una actuación disciplinaria, traslado a otra autoridad competente, comunicación de hallazgos administrativos, solicitud de una acción constitucional o legal, o archivo cuando no se encuentren elementos que justifiquen otra actuación. (Personería de Medellín), ese alcance es especialmente importante para la comunidad porque ahora existe un expediente institucional en el cual pueden incorporarse hechos y documentos relacionados con el proceso.
La vigilancia ciudadana continúa
Después de recibir nueva información de Emvarias y documentar las condiciones físicas de Villa Ángel, el proceso ciudadano avanzó hacia una segunda etapa ya que este 28 de septiembre fue presentada ante Emvarias una nueva solicitud mediante la cual se busca precisar, entre otros aspectos, la modalidad actual de recolección, los sitios de presentación correspondientes a las diferentes torres y los fundamentos técnicos que respaldaron el cambio del esquema que venía funcionando. La existencia de esta nueva actuación también fue informada a la Personería para que pueda ser considerada dentro del proceso de vigilancia que se encuentra abierto. El objetivo no es anticipar cuál debe ser la conclusión de las autoridades ya que lo que se busca es que las decisiones que afectan directamente a una comunidad puedan ser explicadas, documentadas y sustentadas técnicamente.
Control ciudadano no significa confrontación
El caso de Villa Ángel también permite explicar algo que muchas veces se pierde en las discusiones comunitarias ya que ejercer control ciudadano no significa partir de la idea de que la Administración actuó incorrectamente sino que significa preguntar; significa solicitar documentos; significa conservar fotografías, videos, comunicaciones y respuestas oficiales: significa diferenciar lo que una persona escuchó de aquello que puede demostrarse y significa acudir a los organismos competentes cuando existen asuntos que necesitan una revisión independiente.
La Constitución y la legislación colombiana reconocen diferentes mecanismos de participación y control social, incluso la propia Personería de Medellín destaca la participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública como componentes del control social. (Personería de Medellín), es por eso que una comunidad organizada no necesita comenzar acusando sino haciendo algo mucho más sencillo y al mismo tiempo, más efectivo: formular preguntas que las instituciones puedan responder con documentos y hechos verificables.
También hay avances que deben reconocerse, pues el proceso no puede medirse únicamente por si regresan o no los contenedores, ya se han obtenido resultados importantes debido a que hoy se cuenta con mayor información institucional sobre las razones que llevaron a modificar el esquema de recolección; se ha documentado cómo funciona actualmente el ingreso del vehículo; existen registros de la configuración física de Villa Ángel; diferentes actuaciones quedaron formalmente radicadas y la Personería abrió un procedimiento de Vigilancia Administrativa y también se han identificado asuntos que todavía requieren respuesta entre los cuales está determinar con precisión cuál es el sitio de presentación correspondiente a los habitantes de las diferentes torres, conocer con mayor detalle la evaluación técnica que sustentó el esquema actual y establecer cómo fueron consideradas las características particulares de una unidad residencial compuesta por edificaciones verticales y accesos predominantemente peatonales, la respuesta a estas preguntas permitirá determinar si el esquema actual resulta adecuado o si existen alternativas que deberían ser evaluadas.
Una experiencia que puede servir a otras comunidades
Quizás la enseñanza más importante hasta ahora trasciende el caso de Villa Ángel y es que cuando una decisión pública afecta a una comunidad, el primer impulso suele ser protestar, discutir en redes sociales o buscar responsables sabiendo que existe otra ruta que puede producir información mucho más útil como construir un expediente ciudadano.
Esto supone registrar las fechas, conservar los documentos originales, identificar qué entidad tiene competencia sobre cada asunto, formular solicitudes concretas, contrastar las respuestas y acudir a los organismos de control cuando existan elementos que ameriten su intervención. La Personería de Medellín señala precisamente que una de sus funciones es la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, mientras que el control social permite a la ciudadanía hacer seguimiento a la gestión pública. (Personería de Medellín)
Villa Ángel todavía tiene preguntas por resolver.
La Vigilancia Administrativa apenas debe desarrollar su curso y Emvarias tendrá que responder la nueva solicitud y por ello sería prematuro anticipar conclusiones, pero algo sí ha cambiado desde comienzos de septiembre: lo que inicialmente era una preocupación vecinal ahora cuenta con documentos, radicados, evidencia organizada, respuestas institucionales y seguimiento de un organismo de control.
Y ese tránsito —de la preocupación a la participación documentada— es precisamente una de las formas en que una comunidad puede ejercer control ciudadano.
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