“Cuando nadie hizo nada durante más de 30 años nosotros generamos una acción popular en compañía de más de 1.600 pradeños cansados del problema de movilidad, esto a través del juez se indicó en primera instancia que debía el municipio de Medellín, el municipio de Itagüí y el área metropolitana generar la terminación y posterior inicio de obra, esto permitió que en el plan de desarrollo distrital del Municipio de Medellín quedara como una acción judicial, una acción que dio contundencia para la inversión de los recursos” con estas palabras la concejal de Medellín Janeht Hurtado explicó públicamente el origen de las obras proyectadas para intervenir el corredor vial del puente La Limona uno de los puntos más críticos de la movilidad entre el corregimiento de San Antonio de Prado y el municipio de Itagüí, pero aquí surge el primer interrogante ¿Dónde estaba la concejal durante estos treinta años que solo decidió recoger firmas para una acción popular justo cuando fue ungida para participar en la contienda política? y entonces, ¿Es cierto que las obras del corredor vial de La Limona se están realizando por una orden judicial, como afirma la concejal?
En este artículo revisamos qué dice la administración pública sobre el origen real de la obra del puente La Limona y si efectivamente fue una orden judicial que obligo a su ejecución.
Una crisis de movilidad que lleva décadas
Algo si hay de cierto en lo que dice Hurtado y es que San Antonio de Prado no llegó a esta situación de un día para otro. En 2022 este medio ya había publicado un análisis sobre la problemática de movilidad del corregimiento donde se evidenciaba que el crecimiento poblacional y urbanístico del territorio se había dado a un ritmo mucho mayor que la planeación de su infraestructura vial.
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En pocas décadas el corregimiento pasó de ser un territorio rural a convertirse en uno de los más poblados del país, miles de habitantes deben salir todos los días hacia el resto del Valle de Aburrá para trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud y educación superior, sin embargo, el territorio sigue dependiendo prácticamente de dos vías principales de acceso, ambas conectadas con municipios que también presentan congestión vehicular lo que provoca que miles de pradeños pueden tardar entre dos y tres horas o incluso más para salir o ingresar al corregimiento.
El día que el sistema colapsó
El 15 de enero de 2026 la crisis de movilidad alcanzó uno de sus puntos más críticos, ese día se presentó una afectación en la infraestructura del puente La Limona asociada a un daño en el sistema de alcantarillado que generó pérdida de banca y comprometió la estabilidad del paso vehicular obligando al cierre de este tramo y dejando al corregimiento incomunicado por este corredor vial. La situación dejó en evidencia algo que la comunidad ha advertido durante años, San Antonio de Prado depende de muy pocas vías de acceso, y cualquier problema en una de ellas genera un colapso inmediato en la movilidad.
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Más que un accidente inesperado, lo ocurrido ese día fue para muchos líderes comunitarios una crisis anunciada, durante años el corredor de La Limona ha sido identificado como un cuello de botella para la movilidad del corregimiento, se han anunciado proyectos, socializado diseños y prometido intervenciones millonarias, pero la infraestructura sigue siendo insuficiente frente al crecimiento desbordado de la población en el territorio. La comunidad ha venido pidiendo a gritos una solución a este cuello de botella y no es algo que a nadie se le hubiera ocurrido antes como quizás lo da a entender la concejal Hurtado.
La afirmación política que motivó esta verificación.
En un video en redes la concejal Janeht Hurtado plantea que la obra del corredor vial de La Limona no nace de una decisión administrativa de las entidades públicas, sino de una acción popular presentada por ella junto con más de 1.600 ciudadanos y que dicha acción habría generado una orden judicial que obligó a las autoridades a dar una solución a este cuello de botella. De acuerdo con lo expresado por la concejal, la interpretación de su argumento sería que el juez habría ordenado a la Alcaldía de Medellín, al municipio de Itagüí y al Área Metropolitana adelantar los estudios, diseños y posteriormente las obras necesarias para resolver la problemática de movilidad en este sector, lo que a su vez habría permitido que la intervención quedara incorporada dentro de los planes de inversión del Distrito como “una acción judicial” .
Que dice la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Medellín
Ante la afirmación de Hurtado decidimos verificar mediante un derecho de petición la incidencia de una orden judicial en la realización de las obras que buscan solucionar la problemática de movilidad en este corredor vial en el tramo del puente La Limona con una solicitud muy puntual al respecto “Informar si el proyecto se ejecuta o se incluyó en planes de inversión en cumplimiento de una orden judicial (tutela, acción popular, acción de cumplimiento u otra).
La respuesta oficial fue clara, según el documento 202630098828 remitido por la Secretaría de Infraestructura, “El proyecto no se ejecuta bajo una orden judicial.”
La respuesta al derecho de petición deja claro que contrario a lo afirmado por la concejal Janeth Hurtado, la obra no se ejecuta como respuesta a una sentencia judicial, ni su inclusión en planes de inversión, se debe a ello.
Un proyecto interinstitucional
Los documentos oficiales indican que el proyecto forma parte de un convenio interadministrativo entre varias entidades públicas: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Distrito de Medellín y el municipio de Itagüí. También la respuesta al derecho de petición indica que el valor del convenio supera los 41 mil millones de pesos, destinados a la ampliación vial y al mejoramiento urbanístico del corredor que conecta ambos territorios, que al momento de la respuesta el proyecto se encentraba en fase de gestión predial, es decir, en el proceso de adquisición y negociación de predios necesarios para ejecutar la obra, quiere decir que la obra aún se encontraba en etapas preparatorias y no en la fase plena de construcción.
Mas allá del debate sobre el origen de la solución en el puente La Limona.
Aunque la ampliación del corredor de La Limona puede mejorar el flujo vehicular por este corredor vial, es importante entender que esta intervención por sí sola no resolverá el problema estructural y a futuro de movilidad del corregimiento, durante años la comunidad ha debatido otras alternativas de mayor alcance como la que muy poco le ha gustado y siempre ha controvertido un sector del transporte público y que además son impulsores de la campaña de Janeht Hurtado, un sistema de transporte masivo tipo Metrocable que conecte el corregimiento con el Metro del Valle de Aburrá.
En múltiples espacios de participación ciudadana y por muchos años líderes comunitarios han señalado que el Metrocable podría representar una solución estructural para reducir los tiempos de desplazamiento de miles de habitantes mientras que el mencionado sector del transporte público discute la solución porque sale muy costosa, la pregunta es, ¿no ha salido muy costosa para Ciudadela Nuevo Occidente en el corregimiento de San Cristóbal con menos habitantes que San Antonio de Prado? ¿O para otros sectores como Santo domingo con menos habitantes, más cerca de la ciudad y con una problemática de movilidad menos critica que el Corregimiento?
Es necesario encontrar la verdad en los relatos políticos que se utilizan para las contiendas políticas locales con fines de cautivar un electorado por el cual a la final no terminan trabajando y no sea que para las próximas elecciones se repitan porque podría un candidato recoger firmas para una acción popular que solicite los estudios de factibilidad para el Metrocable que ya se están realizando y termine elegido bajo una solución que la comunidad viene pidiendo a gritos y que aunque algunos la ralenticen, llegará el momento que tendrá que construirse.
La importancia de la verdad en el debate público
La movilidad de San Antonio de Prado no puede seguir siendo un tema utilizado únicamente en campañas políticas, se trata de una problemática histórica que exige soluciones reales, inversiones sostenidas y decisiones estratégicas sobre el futuro del territorio ya que después de más de treinta años esperando soluciones la comunidad merece algo fundamental, “información clara, debates honestos y decisiones basadas en la realidad”. Porque cuando se habla del futuro de un territorio, la verdad también es una forma de respeto hacia sus habitantes.
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