Debate sobre corregimientos, intrascendente!

Hace pocos días se llevó a cabo la sesión en el Concejo de Medellín que tuvo como centro de debate los corregimientos, el cual fue citado por las bancadas de los partidos de la U, Conservador y Centro Democrático.

Con el desarrollo de la sesión se pudo constatar los pocos avances en la solución de los diferentes problemas tantas veces advertidos y denunciados por los líderes de años atrás. Y como otrora, las voces ciudadanas se levantaron para reclamar intervenciones eficaces en materia de salud, movilidad, gobernabilidad y revisión del impacto del POT en estos territorios. No obstante, la intervención de los pocos concejales que permanecían en el recinto fue un tanto superficial y poco contundente, se limitaron a defender la figura de la gerencia de los corregimientos, a reclamar la delegación de más tareas administrativas en los corregidores y hasta promover un metrocable para San Antonio de Prado.

Pero el punto que incita una mayor reflexión y es centro del presente artículo tiene que ver con la visión limitada que tanto la administración municipal como los concejales conservan de estos territorios, asociando corregimiento solo con ruralidad.   En este sentido, veamos algunas consideraciones que pueden ayudar a ampliar esta visión.

Al respecto, conviene advertir que la ciudad de Medellín cuenta con el Acuerdo 54 de1987 en el que define los corregimientos como “un territorio ubicado dentro de la zona rural, conformado por dos o más veredas, con un núcleo urbano que hará las veces de cabecera”. Por su parte, el Acuerdo 38 de1990 amplía la definición de área rural del acuerdo anterior: “Área rural: Es el territorio municipal, integrado por las áreas situadas por fuera de los perímetros urbanos que se hubieren identificado y los límites exteriores de los municipios que conforman el área metropolitana, los cuales carecen de vinculación específica al desarrollo urbanístico y se destinan prioritariamente a usos agrícolas, de forestación y de reserva ecológica”. Todo ello, dentro de una concepción que vincula casi que de modo unívoco las nociones de área rural y corregimiento.

Si bien los corregimientos corresponden al 70% del territorio de Medellín considerado rural, el hecho es que no todos sus habitantes deben ser calificados como campesinos, pues de la vocación agrícola queda muy poco y la expansión urbana del último siglo ha traído consigo variables en la cultura, la forma de habitar estos territorios y las actividades económicas que en los mismos se desarrollan, pero aún más, ha traído consigo una creciente capacidad política de sus habitantes, que los funcionarios desde la administración pública invisibilizan en no pocos asuntos.

Es más, colocando la vista en el hecho de la ruralidad como mero espacio geográfico rural, desconocen el componente político, limitan su intervención a una creciente presencia de funcionarios en los corregimientos sin una clara visión político-institucional del mismo, no asumen de manera decidida acciones articuladas de orden administrativo para fortalecer la gobernabilidad, lo cual genera entre sus pobladores una sensación de ingobernabilidad e ineficacia en la participación de los actores sociales.

De esta circunstancia nace el hecho de que la inversión, la oferta institucional y los procesos de intervención de la administración sean poco eficientes y efectivos, pues al no reconocer los actores políticos del territorio tampoco se construye con ellos, de manera que hay un vaciamiento de sus procesos políticos e institucionales internos, lo que ha conducido a que lo que eran territorios con una relativa fortaleza y autonomía institucional estén ahora en manos de agencias externas, como la gerencia de corregimientos, un apéndice de la administración municipal, que aun cuando depende del despacho directamente del Alcalde, carece de autonomía administrativa y fiscal, limitando su alcance en el territorio, afectado en gran manera por la proliferación de institucionalidad actuando de manera descoordinada, desarticulada y desestimando los procesos de participación y la discusión política con sus actores.

Se precisa que, más allá de los enfoques de fortalecimiento institucional, construcción de legitimidad y de servicio al cliente, se debe entender la gobernabilidad como la probabilidad de que el gobierno gobierne a la sociedad con capacidad y eficacia directiva.

De suerte que la gobernabilidad de los corregimientos se ve afectada desde la misma estructura de la administración pública, toda vez que las dependencias vinculadas directamente con los corregimientos como son: la dependencia de desarrollo rural, la gerencia de corregimientos y los corregidores, no comparte una agenda de trabajo, ni se guían por idénticas líneas estratégicas. Cada cual gestiona por su lado, con sus propios planes, objetivos y resultados.

En este sentido, es necesario que la intervención de estos territorios se realice desde el reconocimiento de los actores sociales y políticos que en ellos inciden, implementando políticas publicas orientadas a fortalecer la autonomía, y esto quiere decir, reconocer capacidad para la toma de decisiones que redunden en inversiones acertadas y acertivas de la adminstración pública.

Debe superarse entonces aquella visión de que estos territorios  son habitados por campesinos que requieren de una agencia externa para decidir lo que les conviene, sin consideración a la realidad que afecta a estos territorios y peor, sin mayores afanes para solucionar las problemáticas que los aquejan.

Intrascendente! Es el calificativo que al final puede darse a un debate del que solo quedaron algunas peticiones por resolver, y una vez más, se realizó por cumplir con la agenda.

JOHN FREDY ARANGO

Politólogo y Abogado

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