Justicia degradada

La división del poder en ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial es uno de los aportes del pensador Montesquieu y de la revolución francesa, característica de los Estados de pensamiento liberal y adoptado por la Constitución Política de Colombia al definirse como Estado de Derecho.

Sin embargo, los miembros de la rama ejecutiva y legislativa han adquirido mayor peso que la judicial, no tanto por las importantes funciones que deben ejecutar como por la habilidad de los políticos para investirse de prestigio, privilegios y mejor presupuesto para funcionar. Se puede decir que, de las tres ramas del poder público en Colombia, la judicial es la cenicienta.

Pero no siendo poco, en los últimos años se ha venido desconociendo y degradando las decisiones judiciales por parte de reconocidos congresistas, quienes dicen “respetar pero no compartir” decisiones judiciales que los afectan y son contrarias a sus intereses. Para ello se victimizan alegando persecuciones y peor, aprovechándose de su capacidad para influir en la opinión pública, desacreditan a magistrados y jueces. Así lo manifiestan los magistrados de las altas Cortes al referirse a la investigación que le siguen al senador Álvaro Uribe, cuando afirman que: “la estrategia de los abogados ha sido politizar el proceso y con esto, aprovechando que se trata de un personaje público de alta popularidad, desprestigiar a sus jueces frente a la opinión pública haciendo señalamientos mentirosos”.  

Que lejos están algunos de nuestros “padres de la patria” de la talla moral de personajes como Sócrates, quien estando preso y condenado a muerte recibió ofrecimientos para escapar de su trágico destino, sin embargo fiel a sus convicciones, acepto la sentencia dictada por el tribunal con el propósito de predicar con el ejemplo lo que enseño a sus discípulos:  “los buenos ciudadanos deben respetar las Leyes aunque sean malas, para no estimular en los malos ciudadanos a irrespetar las Leyes que son buenas”.

Cierto es que el sistema judicial no pasa por su mejor momento, pero también lo es que mucho ha tenido que ver la práctica politiquera de quienes han pretendido utilizar su poder para permear la rama judicial y colocarla a su servicio. La corrupción está presente en toda la institucionalidad. Por lo demás, bajo un Estado democrático de Derecho, las personas no pueden colocarse por encima de las instituciones y abstraerse de la obligación de sujetarse a la ley, ni mucho menos evadir las consecuencias de sus actos mediante artificios jurídicos.

Como afirma el jurista Hernando valencia citando a John Rawls: “en una democracia constitucional con control de constitucionalidad el tribunal supremo es la razón pública puesto que solo los jueces, a diferencia de los legisladores y los gobernantes, deben justificar razonablemente sus decisiones con fundamento en una interpretación también razonable de la ley suprema. Y la razón pública es el idioma de la democracia”. En este sentido, es difícil que alguno pueda llamarse “demócrata” cuando repele las actuaciones de un tribunal establecido legalmente y con legitimidad.

 John Fredy Arango

Politólogo y Abogado

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