Un gobierno antisocial

No basta el reconocimiento de los derechos si no se cuenta con los medios adecuados para su ejercicio. Tal fue la crítica que se hizo al simple Estado de derecho, que tuvo que delinearse un nuevo tipo de Estado, cuya denominación es la del Estado Social de derecho. Que en palabras de Wilensky (1975) “puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente caridad”.

Con esto se quiso que el Estado asumiera un rol de protector y garantista de unos mínimos vitales para cerrar brechas de desigualdad entre sus miembros. En este sentido, se prescriben políticas como la gratuidad en educación, subsidios de vivienda, protección laboral, cobertura en salud, entre muchas otras. Que no son dadivas de gobiernos indulgentes, sino reivindicaciones propias de luchas de trabajadores, estudiantes y de la sociedad civil. Como lo explicó la Corte Constitucional en Sentencia T-406/92 el término “social” no debe ser entendido como una simple muletilla retórica, sino que en esta se contiene una larga historia de transformaciones institucionales de las democracias en el mundo.

Sin embargo, las propuestas del gobierno de Iván Duque, de acabar con los subsidios a los servicios públicos, extender el IVA a toda la canasta familiar, aumentar los copagos en salud, etc. nos advierte que estamos frente a la continuidad del desmantelamiento del Estado social en Colombia, iniciada años atrás por su mentor político quien promovió leyes que desmejoraron las condiciones laborales y de seguridad social en el país. Esto sin profundizar en la reforma a la justicia con la que se pretende colocar limites a la acción de tutela, muy utilizada por los colombianos para defender sus derechos  cuando le son vulnerados, pero que resulta chocante para unos pocos que ven en esta un obstáculo para gobernar.

Que la vocación del Estado colombiano sea “social” de acuerdo con lo preceptuado en la constitución de 1991, significa que los gobiernos deben promulgar políticas para lograr la igualdad de los ciudadanos, no solo ante la ley,  sino brindando igualdad de oportunidades, garantizando el mínimo vital y un efectivo acceso a los bienes y servicios para una vida digna.   De lo contrario sería asumir que estamos frente a un gobierno antisocial.

John Fredy Arango

Politólogo y Abogado

 

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