La dosis mínima según Iván Duque

El anuncio del Gobierno acerca de sancionar el porte de la dosis personal de droga, lejos de dar solución al problema del tráfico y consumo de droga en Colombia, responde a una promesa de campaña populista que, disfrazada con el tierno argumento de “proteger a los niños y cuidar a los jóvenes”, criminaliza a los consumidores de sustancias psicoactivas.

Apelando al presidencialismo exorbitante de nuestro régimen democrático, Iván Duque con esta decisión:

 En primer lugar, contraviene la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que en Sentencia C-221 de 1994 despenalizó el consumo de la dosis personal, advirtiendo sobre la importancia de colocar límites al poder punitivo del Estado respecto de su intromisión en la esfera privada de las personas. Y bajo el amparo de una nueva Constitución libertaria, democrática y no autoritaria, dio claridad acerca de lo que debe entenderse por derecho al libre desarrollo de la personalidad y autonomía personal, tan exóticos para una República que en su momento vivía en Estado de sitio. En este tenor, el alto tribunal reconoce el problema de la drogadicción como un asunto de salud pública y así debe ser tratado, además reitera la autonomía que tiene una persona para decidir hacer sobre sí mismo, aquello que según su fuero interno, considere es bueno o malo, sin más límite que la autonomía ajena. Aunque esto signifique consumir sustancias que puedan dañar su salud, o en otros casos, para aliviar sufrimientos a causa de alguna enfermedad.

En segundo lugar,  el presidente establece medidas coercitivas que resultan redundantes en el sistema normativo, dado que ya el Código penal tipifica conductas relativas al trafico, consumo, estimulo e  inducción a las drogas (artículos 376, 378 y 381), además el Código de policía sanciona el consumo en lugares públicos (articulo 139, numeral 7º). Así que el anuncio del gobierno en esta materia no es algo novedoso y más bien genera confusión y un exceso de normas que al final resultan siendo ineficaces.

Si la idea del gobierno de Iván Duque es hacer que el Estado actúe como un buen padre de familia, protector de sus integrantes, entonces de la misma manera, debería prohibir el consumo de alcohol y cigarrillo, que así sea en pequeñas dosis a largo plazo produce efectos dañinos para la salud y afecta el bienestar de aquellos que rodean a los consumidores. Pensar en seguir llenando las cárceles de consumidores de droga es una salida facilista a un problema complejo en el que todos los gobiernos y sus políticas han fracasado. 

No es pues, con medidas populistas, peligrosistas y represivas como se dará solución al problema del consumo de droga, se requiere de medidas articuladas entre la familia, instituciones educativas y Estado, como indica la alta Corte en la citada sentencia:

¿Qué puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar la libertad de las personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover, consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo, las posibilidades de educarse. ¿Conduce dicha vía a la finalidad indicada? No necesariamente, ni es de eso de lo que se trata en primer término. Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente, y para lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada.

John Fredy Arango

Politólogo y Abogado

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