Burla a la participación ciudadana

En palabras del profesor J. Carlos Arenas, “la Constitución de 1991 prometió incrementar la participación de los ciudadanos con la idea de que así se superarían los vicios y restricciones de la democracia representativa”. Es así que se incorporaron mecanismos cuyos desarrollos normativos han constituido una maraña que muestran cuán difícil puede ser llevar cabo la transición participativa.

Al respecto conviene decir que, el resultado de la consulta popular anticorrupción es un ejemplo más de que la participación ciudadana, por un lado, está bloqueada por intereses mezquinos de partidos políticos y grupos de interés,  y por otro, la complejidad normativa hace costosa y difícil la implementación de los mecanismos de participación. Aquí, cabe anotar que el diseño normativo es elaborado por la misma clase política que no está dispuesta a compartir el poder con la ciudadanía. Este punto se puede destacar observando la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (1757 de 2015), que establece como umbral para la aprobación de la consulta popular a nivel nacional el voto afirmativo de la mitad mas uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral, consabido es que los altos índices de abstención en Colombia hacen difícil alcanzar dicha cifra.  De igual modo sucede con la revocatoria del mandato, entre otros.

Por esto puede decirse que la citada Ley, al contrario de desarrollar el espíritu constitucional, es talanquera y deformadora de la participación ciudadana, siendo evidente la ineficacia de la participación al momento de colocar en marcha algunos de los mecanismos. Toda una burla!

Como se anoto al principio, los mecanismos de participación son una promesa constitucional, pero como lo dijera el citado profesor: “solemos cruzar los dedos y cerrar los ojos a la espera de que se cumplan los sueños. Pero al destrabar los dedos y volver a mirar podemos encontrarnos con la sorpresa de que la promesa realizada nos desencanta”.

En estas condiciones, no es entonces sorprendente que sigan siendo los partidos políticos y las élites económicas quienes continúen en la cúspide de la toma de decisiones publicas, situación que justamente la Constitución, con su impronta de la participación ciudadana, pretendía modificar.

John Fredy Arango

Politólogo y Abogado

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